La Cámara baja aprobó un aumento del 7,2% en los haberes jubilatorios y la suba del bono mínimo a 110 mil pesos. También se extendió la moratoria previsional por dos años. El oficialismo anticipó el veto presidencial.
En una sesión cargada de tensión política y cruces por el impacto fiscal, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto que eleva los haberes jubilatorios en un 7,2% y aumenta el bono mínimo de 70 mil a 110 mil pesos. La medida, impulsada por bloques opositores, también contempla la extensión por dos años de la moratoria previsional.
La iniciativa fue sancionada en general con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones, mientras que la moratoria previsional se aprobó por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. El Gobierno, que rechazó la propuesta, ya anticipó que vetará la norma en caso de que también reciba el aval del Senado, al considerar que representa un gasto fiscal insostenible, equivalente al 1,8% del PBI.
Una votación atravesada por acuerdos inesperados
El proyecto logró reunir apoyos más allá de la oposición tradicional. Además de Unión por la Patria, votaron a favor legisladores de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, Por Santa Cruz, el Movimiento Popular Neuquino, sectores de la UCR, e incluso algunos aliados del oficialismo. También se sumaron bloques menores como la izquierda y partidos provinciales.
Votaron en contra La Libertad Avanza, la mayoría del PRO, sectores de la UCR identificados con la “Liga del Interior”, y fuerzas como Somos Fueguinos y Creo, alineadas con el oficialismo.
El contenido del proyecto
El texto aprobado establece:
- Un aumento del 7,2% en los haberes, que se incorpora a la base para futuros ajustes.
- Un bono mínimo de $110.000, actualizado según la inflación, destinado a quienes perciben la jubilación mínima.
- Ratificación del DNU 274/2024, que fija la actualización de jubilaciones por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- Extensión de la moratoria previsional por dos años, lo que permitirá a personas sin aportes suficientes acceder a la jubilación.
Además, por iniciativa del diputado Nicolás Massot (Encuentro Federal), se incluyeron fuentes de financiamiento para mitigar el impacto fiscal, como:
- Eliminación de exenciones impositivas (por ejemplo, a directores de empresas y sociedades de garantías recíprocas).
- Reasignación de partidas como los fondos destinados a la AFI (ex SIDE).
- Recursos provenientes de registros automotores y el ahorro por la baja de tasas del FMI.
Debate cruzado por la economía y el federalismo
Durante el debate, Victoria Tolosa Paz (UxP) defendió el aumento como una compensación por la inflación de enero, criticando que el DNU oficial no contempló esa pérdida. En la misma línea, Carlos Heller (UxP) dijo: “Los parches también son una solución. No somos fanáticos del déficit, pero sí enemigos del ajuste como única salida”.
Desde La Libertad Avanza, Álvaro Martínez criticó la propuesta como una “estafa” a los jubilados: “No alcanza con decir que hay que aumentarlos. Hay que decir también de dónde sale la plata”.
Por su parte, Lisandro Nieri (UCR) cuestionó que se discutan gastos sin discutir el Presupuesto: “¿Quién puede vivir con una jubilación que pierde valor mes a mes?”. Y propuso usar el superávit para actualizaciones.
En tanto, Juan Manuel López (Coalición Cívica) rechazó la moratoria pero apoyó el aumento de haberes. “No queremos que la crueldad se apodere del programa de estabilización económica”, expresó.
Anticipo de veto
Desde el Poder Ejecutivo ya se adelantó que el presidente Javier Milei vetará el proyecto en caso de convertirse en ley. El argumento central es el impacto fiscal, estimado en más de 12 mil millones de dólares anuales. Según fuentes oficiales, este gasto comprometería los objetivos de equilibrio presupuestario.
